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3,1% de los contratistas tiene en sus filas a ex trabajadores o están políticamente expuestos

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3,1% de los contratistas tiene en sus filas a ex trabajadores o están políticamente expuestos



Se trata de 200 sociedades que se encuentran habilitadas para cotizar y licitar en trabajos de la estatal. El porcentaje se reduce a la hora de analizar los contratos que están vigentes, pasando al 1,6% de ellos, es decir, a 29 compañías.

(Pulso) En junio de 2015, seis meses después de que Óscar Landerretche tomara la presidencia de la primera cuprífera del mundo, el directorio anunció nuevas medidas destinadas a elevar los estándares en materia de transparencia, probidad y gobierno corporativo.

En síntesis, las acciones apuntaban a intervenir en tres ámbitos claves del actuar de Codelco: relaciones comerciales, vínculos institucionales y lobby, y procesos de administración de personas. Para ello, se implementaron siete iniciativas, entre las que estaban dictar un instructivo de regulación que trataba las operaciones de contratación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y empresas con participación de PEP en la propiedad; y los negocios con “Personas Expuestas a Codelco” (PEC). Es decir, ex trabajadores de la estatal.

A menos de dos años de su implementación, Codelco ya cuenta con 201 empresas habilitadas para cotizar y licitar con la categoría de PEC o PEP, lo que se traduce en sólo un 3,1% del total de empresas que pueden participar en los procesos de Codelco, según cifras de la estatal.

Mientras que el número de empresas en dicha categoría con contrato vigente asciende a 29 compañías, lo que representa el 1,6% del total.

Cabe destacar que a la fecha hay un total de 6.440 empresas activas en el portal de compra de la minera, de las cuales unas 1.829 tienen un contrato vigente con la estatal.

En el caso de las Personas Políticamente Expuestas, se considera que están afectas a un estado de alta exposición pública. Si bien las transacciones con estas personas o empresas contratistas que las tengan en su interior no está prohibida, son sujetos a la aprobación del directorio, sea que provengan de licitaciones públicas o privadas o por la vía de asignaciones directas, cualquiera sea el monto involucrado.

En tanto, el instructivo de contratación de servicios en empresas que contengan personas expuestas a Codelco -que incluye a ex miembros del personal de la estatal y del directorio, o a las sociedades en que éstos tengan control al menos en los últimos dos años-, apunta, a desarrollar el negocio en condiciones de imparcialidad y equidad -indican desde la minera- así como a mantener relaciones con las contrapartes con los más altos estándares de ética comercial, transparencia y probidad.

“La calidad de PEC se mantiene durante 18 meses desde el término del contrato laboral con nuestra empresa y aplica a un grupo de cargos y funciones que alcanza hasta el 4º nivel de jefatura y a todo el personal que deba emitir recomendaciones y/o tenga facultades de resolver licitaciones y adjudicaciones”, indican.

En este caso, este tipo de contrato también está sujeto a la aprobación del directorio.

Las empresas contratistas que trabajan con Codelco han tomado relevancia en medio del conflicto que enfrenta a la estatal con Contralía, luego de que esta última cuestionara una serie de contrataciones con empresas relacionadas. Uno de los puntos en disputa es justamente el marco que rige las transacciones con partes relacionadas. Desde el lado del órgano dirigido por Jorge Bermúez estiman que dado que, Codelco se rige por la ley de Compras Públicas, no debe realizar operaciones entre partes relacionadas salvo en casos excepcionales, los que debe notificar a la Presidencia, Contraloría y/o a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, desde la estatal indican que debido a que se rigen por la ley de Sociedades Anónimas, sí les es permitido sellar estas operaciones, con los mismos resguardos que debe tomar cualquier empresas abierta. Además, indican que cuentan con más reglamentos internos que cualquier empresas privada, al detectar los casos PEC y PEP y darles un tratamiento distinto.

Según indicó el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, durante un seminario realizado a principios de semana, si se tomara la norma de Contraloría la empresa no podría asociarse con empresas relevantes en el sector minero. Entre ellas, Salfa, Hatch y Komatsu. “Vamos a tener que ir a comprar los recursos a 10 de julio; no es de sentido común”, dijo el presidente ejecutivo, al tiempo que agregó “tenemos que quitar esta mala fama que tiene Codelco de haber sido en la historia una caja repartidora”.



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